La PMP rechaza el cambio de criterio de Hacienda respecto a la devolución del IRPF a personas pensionistas mutualistas

Considera que representa un “grave atentado contra los derechos adquiridos” y genera una “profunda inseguridad jurídica y económica” a las personas pensionistas mutualistas.

La anulación de todas las solicitudes de devolución del IRPF pendientes denota una “falta de sensibilidad y edadismo institucional por parte de la Administración Pública y el Gobierno”.

Insta al Ministerio de Hacienda a rectificar, de manera que se restauren los principios de equidad, igualdad de trato y de acceso para el conjunto de las personas contribuyentes afectadas.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha manifestado su “total rechazo” al cambio de criterio y modificación del procedimiento de devolución del IRPF a personas pensionistas mutualistas. Dicho cambio se introdujo en diciembre de 2024 mediante la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, que deja sin efecto el procedimiento instado por la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) el año pasado.

Desde el punto de vista de la PMP, este cambio representa “un grave atentado contra los derechos adquiridos” y genera una profunda inseguridad jurídica y económica para las numerosas personas contribuyentes que presentaron sus solicitudes en plazo y forma, siguiendo las instrucciones de la AEAT.

A comienzos de 2024 la propia Agencia Tributaria reconoció, a partir de diversas sentencias judiciales, el derecho de las personas pensionistas a reducir un porcentaje de su base imponible de IRPF por las cotizaciones realizadas a antiguas mutualidades entre 1967 y 1978. Esto permitía una devolución del 25% de la parte de pensión correspondiente y, para cotizaciones anteriores a 1967, de un 100%. A este fin, la AEAT habilitó un formulario para que las personas pensionistas solicitaran la rectificación de las declaraciones de IRPF de los ejercicios de 2019 a 2022.

Sin embargo, la Ley 7/2024 modificó los términos de reclamación, dejando sin efecto las solicitudes no resueltas antes del 22 de diciembre de 2024. De esta manera, en la actualidad las personas afectadas deben reclamar año a año entre 2025 y 2028, dentro de los plazos de la declaración del IRPF, lo que supone un perjuicio significativo para la mayoría de ellas.

Por este motivo, la PMP ha denunciado que se ha inducido a las personas contribuyentes a actuar de una manera concreta para, posteriormente, invalidar sus acciones mediante la aplicación retroactiva y restrictiva de la Disposición Final Décimosexta de la mencionada ley. Esta disposición afecta y atenta contra derechos individuales previamente reconocidos y adquiridos por la propia Administración Pública, producto de numerosas sentencias jurisdiccionales.

Por otro lado, la Plataforma también ha señalado que se produce “una clara discriminación entre las personas contribuyentes en idéntica situación, reconociendo un derecho a unas y no a otras”, cambiando de criterio una vez iniciado el procedimiento y generando un agravio comparativo que produce desigualdad en su aplicación.

La anulación de todas las solicitudes de devolución del IRPF pendientes retrasa dichas devoluciones en al menos cuatro años, lo cual, según la PMP, denota una “falta de sensibilidad y edadismo institucional por parte de la Administración Pública y el Gobierno”. Para las personas afectadas, reiniciar el proceso y fraccionar las devoluciones en cuatro ejercicios añade incertidumbre y trámites burocráticos innecesarios, ya que se trata de información que ya obra en poder de la Administración, con el agravante de que afecta principalmente a personas que ya tienen, en muchos casos, edades muy avanzadas. En este sentido, la Plataforma ha recalcado que hablar de años en plazos para realizar una gestión, puede significar no llegar a realizarla para un grupo de contribuyentes especialmente vulnerable, que podría no llegar a percibir nunca la devolución que les corresponde.

Ante esta situación, la PMP ha instado al Ministerio de Hacienda a rectificar este injusto criterio y a que encuentre una solución a la mayor brevedad posible, de manera que se restauren los principios de equidad, igualdad de trato y de acceso para el conjunto de las personas contribuyentes que se encuentran en esta situación, teniendo en cuenta la perspectiva de edad, intrínseca a este grupo social afectado.

Asimismo, la PMP se ha sumado a la acción del Defensor del Pueblo y a las reclamaciones realizadas por los sindicatos, además de tomar la determinación de iniciar contactos con el Gobierno para que se repare el daño generado y se ponga fin a la clara situación de indefensión jurídica a la que se han visto empujadas, de manera arbitraria, las personas contribuyentes afectadas.